Autor | Peter Rosset y Dana Rocío Ávila | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 22 diciembre 2008 22:31
"Las organizaciones campesinas no esperan que, de las manos de quienes han creado la enfermedad, ahora sea socializada la cura. Desde hace más de 10 años la alianza global de las organizaciones campesinas -La Vía Campesina- ha estado construyendo una propuesta alternativa para los sistemas alimentarios de los países, la soberanía alimentaria".
PETER ROSSET Y DANA ROCÍO ÁVILA*
El mundo contemporáneo se encuentra ante una crisis de altos precios de los alimentos que ya ha provocando motines en diversos países de Asia, África y América. Como dice Leonardo Boff, «ya han estallado revueltas de hambrientos en cuarenta países sin que la prensa empresarial, comprometida con el orden imperante, haya hecho referencia alguna. Los hambrientos siempre dan miedo» (Boff, 2008). Estas revueltas finalmente están haciendo que los principales actores relacionados con la alimentación presten atención a este tema, aunque con versiones muy distintas de las causas reales y soluciones propuestas. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la FAO, y las corporaciones transnacionales, señalan como responsables de los problemas a la falta de suficiente liberalización del comercio y de presencia del sector privado, y a los cambios de dieta en países como la China. Como salida a la crisis recetan más libre comercio y cultivos transgénicos. Las organizaciones campesinas ven causas de largo y corto plazo y proponen una solución holística y comprensiva (La Vía Campesina, 2008a).
Las organizaciones campesinas no esperan que, de las manos de quienes han creado la enfermedad, ahora sea socializada la cura. En la pasada cumbre de Seguridad Alimentaria y Retos del Cambio Climático y la Bioenergía, convocada por la FAO en Roma en junio de este año (Vivas, 2008), existía la oportunidad histórica de construir una salida mediante una práctica concreta a la cotidiana lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo, pero al contrario esta reunión se caracterizó por la ausencia de soluciones al problema del hambre y la crisis en la producción de alimentos en el mundo. Solo fue escuchada una voz, la de los países ricos y los organismos internacionales, quienes proponen optar por medidas asistencialistas, de libre comercio, y apoyo a la producción y comercio del paquete tecnológico que incorpora las semillas transgénicas y garantiza a las multinacionales el aumento y la continuidad en el consumo de los agroquímicos.
A nuestro juicio, parece que ya llegó la hora de La Vía Campesina Internacional (1). Desde hace más de 10 años la alianza global de las organizaciones campesinas ha estado construyendo una propuesta alternativa para los sistemas alimentarios de los países, la soberanía alimentaria (La Vía Campesina et al., sin fecha; Rosset, 2006). El año pasado se constató en el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, realizado en Mali, que este debate ha venido ganando terreno en muchos otros movimientos sociales, como los de los pueblos indígenas, las mujeres, los consumidores, los ambientalistas, algunos sindicatos, y otros actores. Pero a nivel de gobiernos y organismos internacionales, había llegado a oídos más o menos sordos, sobre todo para los gobiernos de los países con mayor concentración de capital y de renta, con la excepción de algunos gobiernos más progresistas que ahora comienzan a tomar esta propuesta muy en serio (por ejemplo Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nepal).
CAUSAS DE LA CRISIS (2)
¿Cuáles son las causas de las alzas extremas de los precios? Según la Vía Campesina hay causas de largo plazo y causas de corto plazo. En cuanto a las primeras, se destacan los efectos de tres décadas de políticas neoliberales y de comercio libre sobre los sistemas alimentarios. En casi todos los países se ha desmantelado la capacidad productiva nacional de alimentos, sustituyéndola por una capacidad creciente para producir agroexportaciones. Esta transformación ha sido estimulada por enormes subsidios al agronegocio provenientes de los erarios públicos, y ha tenido numerosas consecuencias, ya ampliamente denunciadas por organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos en la década pasada, entre ellas se han acentuado los efectos del cambio climático con el deterioro de la biodiversidad y los suelos, producto del modelo industrializado de producción agrícola (Rosset, 2006).
Son los sectores campesinos y de agricultura familiar los que alimentan a los pueblos del mundo; los grandes productores tienen vocación de exportar. Pero a los primeros se les han quitado los precios de garantía, los paraestatales de comercialización, los créditos, la asistencia técnica y, sobre todo, su mercado, inundado primero por importaciones baratas hasta arruinarlos, y una vez capturados estos mercados nacionales por las empresas trasnacionales, ahora receptores de importaciones muy caras (Rosset, 2006). La destrucción de la vida campesina es tan grave que ha sido caracterizada, con razón, como una «guerra» contra el mundo rural (Rodríguez Lascano, 2008).
A la vez, el Banco Mundial y el FMI han obligado a los gobiernos a deshacerse de las reservas de cereales en manos del sector público, haciendo que en el mundo de hoy tengamos uno de los márgenes más estrechos en la historia reciente entre reservas y demanda, lo cual provoca el alza y la volatilidad de los precios (Rosset, 2006). O sea que los países casi no tienen ya ni reservas ni capacidad productiva, y son dependientes de las importaciones, que ahora suben de precio. Otras causas de largo plazo, pero en menor escala, son los cambios en los patrones de consumo en algunos países, como la preferencia por la carne por encima de dietas vegetarianas, aunque esta causa ha sido muy exagerada (Ray, 2008).
Entre las causas de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital financiero especulativo, los llamados fondos de riesgo o hedge funds, en las bolsas de los contratos a futuro de los cereales y otros alimentos, los llamados commodities (Macwhirter, 2008). Con el colapso de la burbuja artificial del mercado inmobiliario de Estados Unidos, su desesperada búsqueda de nuevas oportunidades de inversión les hicieron descubrir estas bolsas de alimentos. El capital financiero es atraído por la volatilidad de cualquier mercado, ya que toma sus ganancias tanto en las subidas como en las bajadas, apostando como si fuera un casino. Apostando, pues, con la comida de la gente (La Vía Campesina, 2008b). Estos fondos hasta ahora han inyectado unos 70 mil millones de dólares extras a los precios de los commodities, inflando una burbuja que coloca los alimentos fuera del alcance de los pobres. Y cuando la burbuja entra en su inevitable colapso, van a quebrar a millones de agricultores del mundo entero.
Otro factor en el corto plazo ha sido el boom de los agrocombustibles, que compiten por área de siembra con los cultivos alimenticios y el ganado (Shattuck, 2008). En Filipinas, por ejemplo, el gobierno ha firmado acuerdos que comprometen un área de siembra para agrocombustibles equivalente a la mitad del área sembrada de arroz, alimento principal de su población. Debe ser considerado un crimen contra la humanidad alimentar a coches en lugar de personas.
También, el alza mundial de los costos de los insumos agroquímicos, como resultado del alto precio del petróleo, es un factor importante y contribuyente a corto plazo (Schill, 2008). Otros factores recientes incluyen sequías en algunos países, y los esfuerzos del sector privado reaccionario, conspirando con la CIA y las trasnacionales, para exportar los alimentos de Venezuela, Bolivia y Argentina, generando escasez artificial como manera de desestabilizar sus gobiernos. O en caso de la «crisis de la tortilla» en México, haciendo acaparamiento para especular con los precios (Hernández Navarro, 2007).
SOBERANÍA ALIMENTARIA: UNA SALIDA DE LA CRISIS
Frente a este panorama, y sus implicaciones futuras, se destaca una sola propuesta que esté a la altura del reto. Bajo la propuesta de Soberanía Alimentaria los movimientos sociales, y un número creciente de gobiernos progresistas o semiprogresistas, proponen re-regular los mercados de alimentos que fueron desregulados por el neoliberalismo. E inclusive, regularlos mejor que antes, con una real gestión de la oferta, haciendo posible encontrar precios que sean justos tanto para los productores como para los consumidores (La Vía Campesina et al., sin fecha; Rosset, 2006).
Esto significa volver a proteger la producción nacional de los países, tanto contra el dumping de alimentos importados con precios artificialmente baratos, que socava la producción nacional, como de alimentos artificialmente caros, como ahora. Significa reconstituir las reservas públicas de cereales y las paraestatales de comercialización, ahora en versiones mejoradas, con la participación fundamental de las organizaciones campesinas en su gestión, quitando a las trasnacionales el control sobre nuestra comida. También significa incentivar la recuperación de la capacidad productiva nacional, proveniente del sector campesino y familiar, por medio de los presupuestos públicos, los precios de garantía, los créditos y otros apoyos, y la reforma agraria genuina. Urge la reforma agraria en muchos países para reconstruir al sector campesino y familiar, cuya vocación es producir alimentos, ya que el latifundio y el agronegocio suelen producir sólo para coches y para la exportación. Y se tienen que implementar controles, como han hecho algunos países en los últimos días, contra la exportación forzosa de alimentos que son requeridos por la población nacional (La Vía Campesina et al., sin fecha; Rosset, 2006).
Además, urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura basada en los principios de la agroecología, sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales. Está demostrado que los sistema de producción agroecológicos pueden ser más productivos, resisten mejor las sequías y otros cambios climáticos, y que por su bajo uso de recursos energéticos son más sustentables económicamente. Porque ya no podemos tener el lujo de producir alimentos cuyos precios estén vinculados al petróleo (Schill, 2008), ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura industrial de grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y semillas transgénicas.
En fin, ya llegó la hora de La Vía Campesina y la Soberanía Alimentaria, la posibilidad de hacer posible que los alimentos que son consumidos por las familias en las grandes ciudades y en las regiones más apartadas, sea garantice por la producción de la agricultura campesina y familiar.
Notas
* Peter Rosset es Investigador, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Co-coordinador, Red de Investigación - Acción sobre la Tierra, y miembro del Equipo Técnico de la Vía Campesina, Región América del Norte (rosset@globalalternatives.org); y Dana Rocío Ávila es Miembro de la Coordinación Política y Pedagógica del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología «Paulo Freire» (IALA), Vía Campesina, Barinas, Venezuela (agroecologia.dana@gmail.com).
1) La Via Campesina
2) Las aserciones en esta sección que no llevan citas son de: Berthelot, 2008; La Via Campesina, 2008b; GRAIN, 2008.
LITERATURA CITADA
BERTHELOT, J. (2008), «Summary of Critical analysis of the causes of the explosion in world agricultural prices». Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí.
BOFF, L. (2008), «¿Economía de revolución?». Última visita: el 11 de agosto de 2008 aquí.
Genetic Resources Action International (GRAIN) (2008), «El negocio de matar de hambre: Es necesario cambiar radicalmente la política alimentaria ¡YA!». Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí.
HERNÁNDEZ NAVARRO, L. (2007), «Cargill: ‘el maíz de sus tortillas.’» La Jornada (México), 30, enero, accesado el 29 de Julio de 2008, aquí.
LA VÍA CAMPESINA (2008a), «Una respuesta a la Crisis Global de los Alimentos: ¡Los/as campesinos/as y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo!» Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí.
(2008b) La Vía Campesina. «Crisis alimentaria: ¡no se puede jugar al casino con la alimentación!» (2008c). Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí.
— et al. (sin fecha), «Nuestro Mundo No Esta En Venta: Primero está la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.» (Sin fecha). Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí (PDF).
MACWHIRTER, I., «The trading frenzy that sent prices soaring.» New Statesman 17 abril 2008, Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí .
RAY, D.E. (2008), «Data show that China’s more meat-based diet is NOT the cause of ballooned international corn prices?». Informe, Agricultural Policy Analysis Center, University of Tennessee.
RODRÍGUEZ LASCANO, S. (2008), «La crisis alimentaria como instrumento de la Guerra.» Rebeldía (México), 5(60):10-16.
ROSSET, P.M (2006), Food is Different: Why We Must Get the WTO Out of Agriculture. London: Zed Books.
SCHILL, S.R. (2008), Perfect storm for fertilizer prices. Ethanol Producer Magazine, junio, online edition. Última visita: 29 julio 2008, aquí.
SHATTUCK, A. (2008), The Agrofuels Trojan Horse: Biotechnology and the Corporate Domination of Agriculture. Institute for Food and Development Policy, Policy Brief no. 14 (2008). Última visita: 29 julio, aquí.
VIVAS, E. (2008), «FAO: más libre comercio, más hambre» (2008). Última visita: 11 de agosto de 2008 aquí
Publicado en ECOLOGÍA POLÍTICA (ESPAÑA) 36:18-21. 2008.
viernes, 23 de enero de 2009
jueves, 22 de enero de 2009
miércoles, 7 de enero de 2009
Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en Cuencas Mineras
Por Alonso Ortiz
Asociación Civil LABOR
El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Moquegua el foro-taller “Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en Cuencas Mineras”, con la finalidad de debatir y llegar a consensos con diversos actores de la región sobre la gestión eficiente de la cuenca del Río Moquegua –Osmore. El evento fue organizado por Asociación Civil LABOR y el Colegio de Ingenieros del Perú en el marco del 467° aniversario de la fundación de la ciudad de Moquegua.
Entre las conclusiones más importantes del evento encontramos:
-Es importante que la CAR-Moquegua impulse una experiencia análoga a la realizada en la cuenca del río Chili para la cuenca del río Moquegua- Osmore.
-Una gestión social de la cuenca y una visión integral por encima de las limitaciones geográficas son factores a tomar en cuenta a fin de generar sostenibilidad en toda la cuenca.
-Nuevos actores mineros en zonas áridas (como Moquegua) generan conflictos y arriesgan el futuro abastecimiento del recurso hídrico para la agricultura.
-El Proyecto Pasto Grande no cumplió con sus objetivos y tras un análisis costo-beneficio, la inversión realizada no ha sido recuperada.
-El Proyecto Quellaveco imposibilitaría la segunda etapa del Proyecto Pasto Grande.
Sobre las Ponencias
Andrés Alancastre, miembro de Asociación Civil para la Gestión Social del Agua en Cuenca, señaló lo importante de que la visión de la cuenca no esté supeditada a un solo proyecto, ya que ello generaría inequidad entre los actores. Por el contrario, la gestión social plantea un tratamiento integral, priorizando una mirada holística y conciliadora de los diversos actores de la cuenca.
Por su parte, Edwin Guzmán, director ejecutivo de Asociación Civil Labor, expuso sobre la experiencia de gestión del agua en cuencas con presencia minera y la gestión del agua en la cuenca del río Chili. De este último tema se generaron diversas intervenciones que proponían un tratamiento análogo para la cuenca de Moquegua, exhortando a la CAR coordinar las acciones necesarias para llevarlo a cabo.
El Dr. Iván la Negra debutó, adjunto en temas ambientales de la Defensoría del Pueblo, expuso acerca de la nueva legislación del agua, abordando temas como el nuevo Sistema Nacional de Recursos Hídricos, los consejos de cuenca y el polémico DL 1083.
Datos
-Más del 25% de Sudamérica es árida o semiárida. La Región Moquegua, es un área de escasos recursos hídricos, ya que se encuentra al norte del desierto de Atacama, considerada una de las zonas más secas del mundo. Surcada por la Costa y Sierra, cuenta con importantes recursos naturales y una amplia zona agrícola que demanda la provisión de agua en cantidad, calidad y oportunidad adecuada.
-La minería, aunque contribuye a los ingresos por exportación más que cualquier otro sector, genera uno de los impactos más altos para el ambiente y los recursos naturales, especialmente el agua.
Recientemente ha sido creado el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, con la finalidad de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos, para la conservación e incremento del agua, buscando garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
Asociación Civil LABOR
El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Moquegua el foro-taller “Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en Cuencas Mineras”, con la finalidad de debatir y llegar a consensos con diversos actores de la región sobre la gestión eficiente de la cuenca del Río Moquegua –Osmore. El evento fue organizado por Asociación Civil LABOR y el Colegio de Ingenieros del Perú en el marco del 467° aniversario de la fundación de la ciudad de Moquegua.
Entre las conclusiones más importantes del evento encontramos:
-Es importante que la CAR-Moquegua impulse una experiencia análoga a la realizada en la cuenca del río Chili para la cuenca del río Moquegua- Osmore.
-Una gestión social de la cuenca y una visión integral por encima de las limitaciones geográficas son factores a tomar en cuenta a fin de generar sostenibilidad en toda la cuenca.
-Nuevos actores mineros en zonas áridas (como Moquegua) generan conflictos y arriesgan el futuro abastecimiento del recurso hídrico para la agricultura.
-El Proyecto Pasto Grande no cumplió con sus objetivos y tras un análisis costo-beneficio, la inversión realizada no ha sido recuperada.
-El Proyecto Quellaveco imposibilitaría la segunda etapa del Proyecto Pasto Grande.
Sobre las Ponencias
Andrés Alancastre, miembro de Asociación Civil para la Gestión Social del Agua en Cuenca, señaló lo importante de que la visión de la cuenca no esté supeditada a un solo proyecto, ya que ello generaría inequidad entre los actores. Por el contrario, la gestión social plantea un tratamiento integral, priorizando una mirada holística y conciliadora de los diversos actores de la cuenca.
Por su parte, Edwin Guzmán, director ejecutivo de Asociación Civil Labor, expuso sobre la experiencia de gestión del agua en cuencas con presencia minera y la gestión del agua en la cuenca del río Chili. De este último tema se generaron diversas intervenciones que proponían un tratamiento análogo para la cuenca de Moquegua, exhortando a la CAR coordinar las acciones necesarias para llevarlo a cabo.
El Dr. Iván la Negra debutó, adjunto en temas ambientales de la Defensoría del Pueblo, expuso acerca de la nueva legislación del agua, abordando temas como el nuevo Sistema Nacional de Recursos Hídricos, los consejos de cuenca y el polémico DL 1083.
Datos
-Más del 25% de Sudamérica es árida o semiárida. La Región Moquegua, es un área de escasos recursos hídricos, ya que se encuentra al norte del desierto de Atacama, considerada una de las zonas más secas del mundo. Surcada por la Costa y Sierra, cuenta con importantes recursos naturales y una amplia zona agrícola que demanda la provisión de agua en cantidad, calidad y oportunidad adecuada.
-La minería, aunque contribuye a los ingresos por exportación más que cualquier otro sector, genera uno de los impactos más altos para el ambiente y los recursos naturales, especialmente el agua.
Recientemente ha sido creado el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, con la finalidad de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos, para la conservación e incremento del agua, buscando garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
Programa de Participación Ciudadana en la Gestión Pública-2008 Llegó a su Fin
Por Mildred Arriaga
Asociación Civil LABOR
Después de ocho meses de compartir conocimientos y experiencias enriquecedoras, el pasado 26 de noviembre se llevó a cabo el acto de clausura del programa de capacitación: “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, correspondiente al 2008, el mismo que Asociación Civil LABOR viene realizando en la ciudad de Ilo desde hace cinco años con el objetivo de contribuir a desarrollar capacidades sociales y técnicas en la sociedad civil, promoviendo su participación en la gestión pública y el desarrollo local.
De un total de 50 vecinos que iniciaron el programa de capacitación en abril del 2008, culminaron el mismo 35 de ellos (70%), entre quienes podemos encontrar a dirigentes y ciudadanos interesados en enriquecer sus conocimientos sobre desarrollo local, gestión ambiental, procesos participativos, vigilancia ciudadana y que, tal como nuestra institución, buscan consolidar la cultura participativa local construida en las últimas décadas.
Los módulos dictados durante el presente año fueron: Desarrollo Local Sostenible; Planificación Concertada para el Desarrollo; Participación Ciudadana; Presupuesto Participativo e Inversión Pública; Proyectos para el Desarrollo y SNIP; Género y Desarrollo Local; Vigilancia Ciudadana; Cambio Climático e Incidencia Política; además del proceso de diálogo con Southern Copper Corporation y la Problemática del Canon Minero (estos últimos a solicitud de los participantes).
La propuesta estuvo bajo la responsabilidad de la economista América Masías Muñoz, quien contó con el apoyo de nuestros compañeros de sede, Juan Zúñiga, Roxana Estrada, Denis Rojas y Brian Oblitas.
Teoría Enriquecida con Práctica
Para complementar la oferta educativa de Asociación Civil LABOR, y por segundo año consecutivo, durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló el Programa de Vigilancia de Obras, a cargo de la Ingeniera Ana María Escobedo, el mismo que contó con la participación de 53 personas quienes pudieron efectuar sus consultas sobre vigilancia participativa y hacer visitas de campo a las obras que se ejecutan en sus barrios.
Con este nuevo servicio, se busca atender una importante demanda ciudadana que busca mantenerse informada y participar en las diferentes fases de ejecución de una obra, para lo cual se los capacita sobre el manejo documentario que deben tener una vez que las instituciones públicas, Municipalidad Provincial o Gobierno Regional inician el trabajo en sus barrios o zonas de vivienda.
En esta oportunidad se coordinó con los participantes y la Municipalidad Provincial de Ilo dos visitas de campo en las que se les enseñó la forma correcta de emplear: el cuaderno de obra; cuaderno de almacén; Kardex de materiales; parte de asistencia de personal; cuaderno de tarea de obra y los documentos de ingreso de material a almacén.
Asimismo, se les guió sobre el procedimiento y consultas sobre los cuales debe responder el personal responsable de la ejecución de la obra, es decir: el Residente de Obra, el almacenero y el supervisor, además de las funciones y responsabilidades de los vecinos, quienes deben constituir sus comités de gestión de obra, para velar por el buen cumplimiento en la asignación de recursos, uso y disposición de materiales, plazos y calidad de la obra.
Testimonio
“En abril, en el primer día de clases me pregunté si llegaría a noviembre…en ese momento dudé y mírenme ahora; estoy aquí y he terminado todos los módulos”, fueron las palabras de la señora Angélica Huamaní, ciudadana capacitada en el programa de “Participación Ciudadana en la Gestión Pública” correspondiente al 2008.
Asociación Civil LABOR
Después de ocho meses de compartir conocimientos y experiencias enriquecedoras, el pasado 26 de noviembre se llevó a cabo el acto de clausura del programa de capacitación: “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, correspondiente al 2008, el mismo que Asociación Civil LABOR viene realizando en la ciudad de Ilo desde hace cinco años con el objetivo de contribuir a desarrollar capacidades sociales y técnicas en la sociedad civil, promoviendo su participación en la gestión pública y el desarrollo local.
De un total de 50 vecinos que iniciaron el programa de capacitación en abril del 2008, culminaron el mismo 35 de ellos (70%), entre quienes podemos encontrar a dirigentes y ciudadanos interesados en enriquecer sus conocimientos sobre desarrollo local, gestión ambiental, procesos participativos, vigilancia ciudadana y que, tal como nuestra institución, buscan consolidar la cultura participativa local construida en las últimas décadas.
Los módulos dictados durante el presente año fueron: Desarrollo Local Sostenible; Planificación Concertada para el Desarrollo; Participación Ciudadana; Presupuesto Participativo e Inversión Pública; Proyectos para el Desarrollo y SNIP; Género y Desarrollo Local; Vigilancia Ciudadana; Cambio Climático e Incidencia Política; además del proceso de diálogo con Southern Copper Corporation y la Problemática del Canon Minero (estos últimos a solicitud de los participantes).
La propuesta estuvo bajo la responsabilidad de la economista América Masías Muñoz, quien contó con el apoyo de nuestros compañeros de sede, Juan Zúñiga, Roxana Estrada, Denis Rojas y Brian Oblitas.
Teoría Enriquecida con Práctica
Para complementar la oferta educativa de Asociación Civil LABOR, y por segundo año consecutivo, durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló el Programa de Vigilancia de Obras, a cargo de la Ingeniera Ana María Escobedo, el mismo que contó con la participación de 53 personas quienes pudieron efectuar sus consultas sobre vigilancia participativa y hacer visitas de campo a las obras que se ejecutan en sus barrios.
Con este nuevo servicio, se busca atender una importante demanda ciudadana que busca mantenerse informada y participar en las diferentes fases de ejecución de una obra, para lo cual se los capacita sobre el manejo documentario que deben tener una vez que las instituciones públicas, Municipalidad Provincial o Gobierno Regional inician el trabajo en sus barrios o zonas de vivienda.
En esta oportunidad se coordinó con los participantes y la Municipalidad Provincial de Ilo dos visitas de campo en las que se les enseñó la forma correcta de emplear: el cuaderno de obra; cuaderno de almacén; Kardex de materiales; parte de asistencia de personal; cuaderno de tarea de obra y los documentos de ingreso de material a almacén.
Asimismo, se les guió sobre el procedimiento y consultas sobre los cuales debe responder el personal responsable de la ejecución de la obra, es decir: el Residente de Obra, el almacenero y el supervisor, además de las funciones y responsabilidades de los vecinos, quienes deben constituir sus comités de gestión de obra, para velar por el buen cumplimiento en la asignación de recursos, uso y disposición de materiales, plazos y calidad de la obra.
Testimonio
“En abril, en el primer día de clases me pregunté si llegaría a noviembre…en ese momento dudé y mírenme ahora; estoy aquí y he terminado todos los módulos”, fueron las palabras de la señora Angélica Huamaní, ciudadana capacitada en el programa de “Participación Ciudadana en la Gestión Pública” correspondiente al 2008.
martes, 18 de noviembre de 2008
La Agricultura en el Perú. ¿Hacia donde nos conducen?
Hoy en día se habla de la “industrialización de la agricultura”, en que los agricultores ya no realizan sus trabajos tradicionales (producir semillas y abonos, realizar la siembra y la cosecha, controlar malezas, etc.). La industrialización agrícola se ha acrecentado con la globalización y – al parecer – ya lo venían planificando las grandes empresas, con la implementación de la biotecnología y la ingeniería genética.
Este modelo ha provocado un proceso continuo de “modernización agrícola” donde la concentración de la producción es la regla. Las fases de producción de insumos, industrialización y comercialización son controladas, en su mayor proporción, por grandes consorcios económicos que definen la organización de la producción. La fase primaria presenta grados de concentración menor, como resultado de las trabas que ofrece la agricultura a la penetración del capital, aunque la tendencia es la misma que en el resto de las fases.
En este escenario de concentración es que aparecen las multinacionales, grandes corporaciones económicas, que se ubican en aquellos sectores de la cadena agroindustrial más lucrativos y que más influyen en la determinación de los procesos productivos. Así, se concentra en muy pocas firmas buena parte de la oferta de semillas, fertilizantes, agrotóxicos, maquinaria, entre otros insumos; al mismo tiempo que la industrialización, distribución y comercialización de los productos elaborados a partir de las materias primas del campo cae en manos de otro grupo empresas trasnacionales.
Las 10 principales compañías de semillas concentraron en el 2006 el 57% del mercado, mientras que en 1996 concentraban el 37% del mercado; por su parte, los 10 fabricantes de agrotóxicos más importantes acumulan un 84% del mercado mundial. En la fase de procesamiento de granos ADM, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus controlan gran parte del mercado mundial; mientras que en la fase de distribución solo la Wal-Mart (la empresa que más factura en el mundo) controla el 8% del total de alimentos comercializados.
En este escenario aparecen las patentes como el principal mecanismo que garantiza la apropiación monopólica de la ganancia que produce una tecnología concreta (un herbicida, una semilla transgénica, etc.). De esta manera las transnacionales hacen lobby con los gobiernos de sus respectivos países, para que a través de la OMC presionen a todos los países del mundo a adaptar sus legislaciones estatales a los requerimientos de éstas. Lo que hace la patente es garantizar la exclusividad sobre el uso de una innovación por parte de su creador, obligando al pago de royalties (derechos de propiedad intelectual) a quien haga uso de ésta. Como ejemplo de ello puede señalarse la política de la transnacional Monsanto, que intenta cobrar una tasa no sólo a la semilla, sino a toda la producción mundial de soja transgénica.
Las economías sudamericanas, en un proceso de reprimarización exportadora, se han consolidado como productoras de materias primas, fundamentalmente de origen agropecuario; mientras que los países centrales (Estados Unidos, Europa, Japón) se han especializado en la producción de bienes con alto valor agregado. Es lo que se conoce como división internacional del trabajo.
Todo esto ha venido sucediendo desde fines de los 80 y principios de los 90 con la implantación del modelo económico neoliberal, caracterizado por la liberalización a ultranza de las economías en Latinoamérica y el Caribe (reducción de aranceles, subsidios y demás medidas proteccionistas) y el fomento de las exportaciones para hacer frente a una creciente deuda externa.
En este contexto avanza la reprimarización agro-exportadora. Latinoamérica es campo fértil para la producción de materias primas a bajo costo, con condiciones como la buena disponibilidad de recursos naturales, mano de obra barata y considerablemente mayor estabilidad institucional comparada con otros continentes como África.
A este escenario se han sumado los agrocombustibles como fuente alternativa de energía, dinamizando un proceso en el que las economías del cono sur comienzan a especializarse en cultivos factibles de ser transformados en combustibles (etanol y biodiesel) para abastecer la demanda de energía de los países centrales y/o sustituir derivados del petróleo en las economías nacionales. En el caso de la soja su uso para la producción de biodiesel (a partir del aceite de soja) es un factor directo que incrementa la demanda; además existe un factor indirecto, el desplazamiento de área de soja por maíz en Estados Unidos para producir etanol, que recoloca el área de soja en otras zonas del mundo, especialmente Sudamérica.
Este modelo ha provocado un proceso continuo de “modernización agrícola” donde la concentración de la producción es la regla. Las fases de producción de insumos, industrialización y comercialización son controladas, en su mayor proporción, por grandes consorcios económicos que definen la organización de la producción. La fase primaria presenta grados de concentración menor, como resultado de las trabas que ofrece la agricultura a la penetración del capital, aunque la tendencia es la misma que en el resto de las fases.
En este escenario de concentración es que aparecen las multinacionales, grandes corporaciones económicas, que se ubican en aquellos sectores de la cadena agroindustrial más lucrativos y que más influyen en la determinación de los procesos productivos. Así, se concentra en muy pocas firmas buena parte de la oferta de semillas, fertilizantes, agrotóxicos, maquinaria, entre otros insumos; al mismo tiempo que la industrialización, distribución y comercialización de los productos elaborados a partir de las materias primas del campo cae en manos de otro grupo empresas trasnacionales.
Las 10 principales compañías de semillas concentraron en el 2006 el 57% del mercado, mientras que en 1996 concentraban el 37% del mercado; por su parte, los 10 fabricantes de agrotóxicos más importantes acumulan un 84% del mercado mundial. En la fase de procesamiento de granos ADM, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus controlan gran parte del mercado mundial; mientras que en la fase de distribución solo la Wal-Mart (la empresa que más factura en el mundo) controla el 8% del total de alimentos comercializados.
En este escenario aparecen las patentes como el principal mecanismo que garantiza la apropiación monopólica de la ganancia que produce una tecnología concreta (un herbicida, una semilla transgénica, etc.). De esta manera las transnacionales hacen lobby con los gobiernos de sus respectivos países, para que a través de la OMC presionen a todos los países del mundo a adaptar sus legislaciones estatales a los requerimientos de éstas. Lo que hace la patente es garantizar la exclusividad sobre el uso de una innovación por parte de su creador, obligando al pago de royalties (derechos de propiedad intelectual) a quien haga uso de ésta. Como ejemplo de ello puede señalarse la política de la transnacional Monsanto, que intenta cobrar una tasa no sólo a la semilla, sino a toda la producción mundial de soja transgénica.
Las economías sudamericanas, en un proceso de reprimarización exportadora, se han consolidado como productoras de materias primas, fundamentalmente de origen agropecuario; mientras que los países centrales (Estados Unidos, Europa, Japón) se han especializado en la producción de bienes con alto valor agregado. Es lo que se conoce como división internacional del trabajo.
Todo esto ha venido sucediendo desde fines de los 80 y principios de los 90 con la implantación del modelo económico neoliberal, caracterizado por la liberalización a ultranza de las economías en Latinoamérica y el Caribe (reducción de aranceles, subsidios y demás medidas proteccionistas) y el fomento de las exportaciones para hacer frente a una creciente deuda externa.
En este contexto avanza la reprimarización agro-exportadora. Latinoamérica es campo fértil para la producción de materias primas a bajo costo, con condiciones como la buena disponibilidad de recursos naturales, mano de obra barata y considerablemente mayor estabilidad institucional comparada con otros continentes como África.
A este escenario se han sumado los agrocombustibles como fuente alternativa de energía, dinamizando un proceso en el que las economías del cono sur comienzan a especializarse en cultivos factibles de ser transformados en combustibles (etanol y biodiesel) para abastecer la demanda de energía de los países centrales y/o sustituir derivados del petróleo en las economías nacionales. En el caso de la soja su uso para la producción de biodiesel (a partir del aceite de soja) es un factor directo que incrementa la demanda; además existe un factor indirecto, el desplazamiento de área de soja por maíz en Estados Unidos para producir etanol, que recoloca el área de soja en otras zonas del mundo, especialmente Sudamérica.
lunes, 17 de noviembre de 2008
"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
Los pueblos de Latinoamérica y el Caribe se han reunido durante los días 3 al 6 de octubre en Honduras para proclamar su rechazo a la militarización y el uso de laviolencia a fin de acallar las justas protestas de las diversas organizaciones sociales. Ahora que se ha desatado una grave crisis financiera que afectará a las poblaciones más deprimidas y excluidas es necesario que los países industrializados y las organizaciones financieras hagan los cambios necesarios dentro de las políticas del libre mercado a fin de no agravar y acrecentar la pobreza y el hambre, que los sistemas educativos y de salud no sean abandonados, ya que a pesar de sus deficiencias apoyan a los sectores marginados. A continuación la Declaración final de II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización.
Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización
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"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008
Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).
Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.
En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.
Ante ello consideramos:
* Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros;
* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;
* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;
* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;
* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;
* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria;
* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;
* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;
* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación;
* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;
* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;
* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;
* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.
EXIGIMOS:
1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente;
2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos;
3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;
4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;
5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países;
6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social;
7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;
8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.
9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;
10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;
11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;
12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;
13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike;
14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.
Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,
- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009.
- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.
Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.
“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”
Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización
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"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008
Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).
Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.
En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.
Ante ello consideramos:
* Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros;
* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;
* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;
* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;
* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;
* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria;
* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;
* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;
* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación;
* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;
* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;
* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;
* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.
EXIGIMOS:
1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente;
2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos;
3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;
4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;
5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países;
6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social;
7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;
8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.
9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;
10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;
11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;
12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;
13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike;
14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.
Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,
- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009.
- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.
Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.
“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”
viernes, 14 de noviembre de 2008
Repaso de las causas de la crisis alimentaria mundial
Es necesario que todas las poblaciones afectadas por la crisis alimentaria conozcan el siguiente informe a fin de que estén prevenidas con las políticas que desarrollan sus gobiernos respecto a la producción de biocarburantes, la producción de monocultivos, la producción de productos a partir de semillas genéticamente modificadas y la implantación de una reforestación no conveniente para el mantenimiento de la biodiversidad y del medio ambiente.
Por Damien Millet y Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Traducción: Caty R.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.
Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.
Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:
Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.
¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones (1).
Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.
Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero del 2008 (sobre el 140% de subida global,mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos es responsable de un 15%).
Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza (2). Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, [la demanda de biocarburantes] orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera (3).
«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Ponente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)
Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe (4) que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto costo de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.
«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE)
Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales (apodados en francés zinzins) se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.
Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaria.
La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: «Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo» (Vía Campesina)(7)
(1) Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como
en la industria.
(2) Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518
(3) « Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008,
www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
(4) OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf
(5) «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.
(6) Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.
(7) Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.
Por Damien Millet y Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Traducción: Caty R.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.
Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.
Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:
Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.
¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones (1).
Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.
Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero del 2008 (sobre el 140% de subida global,mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos es responsable de un 15%).
Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza (2). Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, [la demanda de biocarburantes] orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera (3).
«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Ponente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)
Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe (4) que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto costo de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.
«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE)
Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales (apodados en francés zinzins) se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.
Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaria.
La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: «Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo» (Vía Campesina)(7)
(1) Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como
en la industria.
(2) Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518
(3) « Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008,
www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
(4) OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf
(5) «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.
(6) Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.
(7) Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.
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