Hoy en día se habla de la “industrialización de la agricultura”, en que los agricultores ya no realizan sus trabajos tradicionales (producir semillas y abonos, realizar la siembra y la cosecha, controlar malezas, etc.). La industrialización agrícola se ha acrecentado con la globalización y – al parecer – ya lo venían planificando las grandes empresas, con la implementación de la biotecnología y la ingeniería genética.
Este modelo ha provocado un proceso continuo de “modernización agrícola” donde la concentración de la producción es la regla. Las fases de producción de insumos, industrialización y comercialización son controladas, en su mayor proporción, por grandes consorcios económicos que definen la organización de la producción. La fase primaria presenta grados de concentración menor, como resultado de las trabas que ofrece la agricultura a la penetración del capital, aunque la tendencia es la misma que en el resto de las fases.
En este escenario de concentración es que aparecen las multinacionales, grandes corporaciones económicas, que se ubican en aquellos sectores de la cadena agroindustrial más lucrativos y que más influyen en la determinación de los procesos productivos. Así, se concentra en muy pocas firmas buena parte de la oferta de semillas, fertilizantes, agrotóxicos, maquinaria, entre otros insumos; al mismo tiempo que la industrialización, distribución y comercialización de los productos elaborados a partir de las materias primas del campo cae en manos de otro grupo empresas trasnacionales.
Las 10 principales compañías de semillas concentraron en el 2006 el 57% del mercado, mientras que en 1996 concentraban el 37% del mercado; por su parte, los 10 fabricantes de agrotóxicos más importantes acumulan un 84% del mercado mundial. En la fase de procesamiento de granos ADM, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus controlan gran parte del mercado mundial; mientras que en la fase de distribución solo la Wal-Mart (la empresa que más factura en el mundo) controla el 8% del total de alimentos comercializados.
En este escenario aparecen las patentes como el principal mecanismo que garantiza la apropiación monopólica de la ganancia que produce una tecnología concreta (un herbicida, una semilla transgénica, etc.). De esta manera las transnacionales hacen lobby con los gobiernos de sus respectivos países, para que a través de la OMC presionen a todos los países del mundo a adaptar sus legislaciones estatales a los requerimientos de éstas. Lo que hace la patente es garantizar la exclusividad sobre el uso de una innovación por parte de su creador, obligando al pago de royalties (derechos de propiedad intelectual) a quien haga uso de ésta. Como ejemplo de ello puede señalarse la política de la transnacional Monsanto, que intenta cobrar una tasa no sólo a la semilla, sino a toda la producción mundial de soja transgénica.
Las economías sudamericanas, en un proceso de reprimarización exportadora, se han consolidado como productoras de materias primas, fundamentalmente de origen agropecuario; mientras que los países centrales (Estados Unidos, Europa, Japón) se han especializado en la producción de bienes con alto valor agregado. Es lo que se conoce como división internacional del trabajo.
Todo esto ha venido sucediendo desde fines de los 80 y principios de los 90 con la implantación del modelo económico neoliberal, caracterizado por la liberalización a ultranza de las economías en Latinoamérica y el Caribe (reducción de aranceles, subsidios y demás medidas proteccionistas) y el fomento de las exportaciones para hacer frente a una creciente deuda externa.
En este contexto avanza la reprimarización agro-exportadora. Latinoamérica es campo fértil para la producción de materias primas a bajo costo, con condiciones como la buena disponibilidad de recursos naturales, mano de obra barata y considerablemente mayor estabilidad institucional comparada con otros continentes como África.
A este escenario se han sumado los agrocombustibles como fuente alternativa de energía, dinamizando un proceso en el que las economías del cono sur comienzan a especializarse en cultivos factibles de ser transformados en combustibles (etanol y biodiesel) para abastecer la demanda de energía de los países centrales y/o sustituir derivados del petróleo en las economías nacionales. En el caso de la soja su uso para la producción de biodiesel (a partir del aceite de soja) es un factor directo que incrementa la demanda; además existe un factor indirecto, el desplazamiento de área de soja por maíz en Estados Unidos para producir etanol, que recoloca el área de soja en otras zonas del mundo, especialmente Sudamérica.
martes, 18 de noviembre de 2008
lunes, 17 de noviembre de 2008
"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
Los pueblos de Latinoamérica y el Caribe se han reunido durante los días 3 al 6 de octubre en Honduras para proclamar su rechazo a la militarización y el uso de laviolencia a fin de acallar las justas protestas de las diversas organizaciones sociales. Ahora que se ha desatado una grave crisis financiera que afectará a las poblaciones más deprimidas y excluidas es necesario que los países industrializados y las organizaciones financieras hagan los cambios necesarios dentro de las políticas del libre mercado a fin de no agravar y acrecentar la pobreza y el hambre, que los sistemas educativos y de salud no sean abandonados, ya que a pesar de sus deficiencias apoyan a los sectores marginados. A continuación la Declaración final de II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización.
Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización
________________________________________
"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008
Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).
Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.
En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.
Ante ello consideramos:
* Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros;
* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;
* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;
* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;
* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;
* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria;
* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;
* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;
* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación;
* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;
* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;
* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;
* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.
EXIGIMOS:
1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente;
2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos;
3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;
4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;
5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países;
6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social;
7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;
8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.
9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;
10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;
11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;
12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;
13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike;
14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.
Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,
- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009.
- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.
Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.
“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”
Declaración Final del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización
________________________________________
"Para callar las armas, hablemos los pueblos"
La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008
Durante los días 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, se llevó a cabo el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización donde se dieron cita más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá), así como hermanas y hermanos de los Pueblos Originarios de Indoamérica (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garífunas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros).
Frente a la crisis del sistema capitalista se alza en el mundo una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política). Con ello, la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales. En nuestro hemisferio la militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.
En este contexto, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión.
Ante ello consideramos:
* Que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros;
* Que la militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación;
* Que la militarización genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas;
* Que la militarización es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra;
* Que la militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos antiguerra;
* Que la militarización genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
* Que la militarización constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria;
* Que la militarización es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios;
* Que el capitalismo no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota;
* Que la militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación;
* Que la militarización se alienta con la supuesta "guerra contra el narcotráfico" como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado;
* Que la militarización es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota;
* Que la militarización impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales;
* Que la militarización es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.
EXIGIMOS:
1) El cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente;
2) La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos;
3) El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga;
4) La cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales;
5) El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países;
6) La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social;
7) El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto;
8) El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur.
9) El reemplazo del modelo militarizado de "guerra contra el narcotráfico" con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera;
10) El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la frontera EEUU-México;
11) El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación; hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa;
12) Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población;
13) El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike;
14) El fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.
Los participantes del II Encuentro contra la Militarización,
- Saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009.
- Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
- Saludamos la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.
Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.
“¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”
viernes, 14 de noviembre de 2008
Repaso de las causas de la crisis alimentaria mundial
Es necesario que todas las poblaciones afectadas por la crisis alimentaria conozcan el siguiente informe a fin de que estén prevenidas con las políticas que desarrollan sus gobiernos respecto a la producción de biocarburantes, la producción de monocultivos, la producción de productos a partir de semillas genéticamente modificadas y la implantación de una reforestación no conveniente para el mantenimiento de la biodiversidad y del medio ambiente.
Por Damien Millet y Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Traducción: Caty R.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.
Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.
Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:
Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.
¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones (1).
Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.
Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero del 2008 (sobre el 140% de subida global,mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos es responsable de un 15%).
Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza (2). Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, [la demanda de biocarburantes] orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera (3).
«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Ponente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)
Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe (4) que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto costo de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.
«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE)
Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales (apodados en francés zinzins) se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.
Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaria.
La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: «Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo» (Vía Campesina)(7)
(1) Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como
en la industria.
(2) Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518
(3) « Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008,
www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
(4) OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf
(5) «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.
(6) Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.
(7) Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.
Por Damien Millet y Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Traducción: Caty R.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas. El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.
Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios (materias primas y alimentos) durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales, y a continuación la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008, la onza de oro a 1.000 dólares en marzo de 2008 y el celemín de maíz a 7,5 dólares en junio de 2008, marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas. A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.
Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, Comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables. También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:
Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.
¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea en Bruselas y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones (1).
Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, algunas tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles se decidió arramplar con ciertas producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.
Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero del 2008 (sobre el 140% de subida global,mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos es responsable de un 15%).
Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza (2). Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: En primer lugar, [la demanda de biocarburantes] orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación. A continuación, actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Y finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó este informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera (3).
«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Ponente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, octubre de 2007)
Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba a su vez un informe (4) que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto costo de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.
«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE)
Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales (apodados en francés zinzins) se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios. Así, compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida. Es decir, los mismos que provocaron la crisis en Estados Unidos con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de las familias poco solventes de EEUU que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.
Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaria.
La orientación propuesta desde hace años por «Vía Campesina», organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: «Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. […] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo» (Vía Campesina)(7)
(1) Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC, niegan el derecho de los gobiernos del sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como
en la industria.
(2) Ver www.cadtm.org/spip.php?article3518
(3) « Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) The Guardian, 4 de julio de 2008,
www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
(4) OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants» (Evaluación económica de las políticas de apoyo a los biocarburantes), 16 de julio de 2008, www.oecd.org/dataoecd/20/14/41008804.pdf
(5) «La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008.
(6) Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares.
(7) Vía Campesina, en Rafael Diaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y la fuente.
miércoles, 12 de noviembre de 2008
MUJERES-MÉXICO: Indígenas ponen plazo y amenazan
Todo lo que se presenta en el siguiente informe, también sucede en el Perú pero en una forma un tanto solapa. La mujer en nuestra amazonía y también en otros lugares del Perú es obligada a la servidumbre, a la mendicidad, la prostitución y en muchos casos es obligada a convivir o casarse con quien ellas no desean. Por lo tanto las organizaciones de las diversas etnias y del campesino andino deben aparte de reclamar al gobierno por la legislación que les desfavorece, luchar contra la pobreza y el hambre, la sostenibilidad del medio ambiente, la igual de género y la exclusión, con todo ello están comprometidos todos los gobiernos que han contribuido a fijar los Objetivos del Milenio (ODM) en la Organización de la Naciones Unida
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 28 ago (IPS) - Si al finalizar la primera semana de septiembre el gobierno de México no atiende las demandas de mujeres indígenas del sureño estado de Oaxaca, 10.000 de ellas viajarán a la capital del país para presionar directamente al presidente Felipe Calderón. "Ya estamos hartas", señaló una de sus líderes.
"Estamos organizadas y cansadas del engaño y la exclusión", dijo a IPS Leticia Huerta, campesina que comanda la no gubernamental Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca, uno de los distritos de mayor pobreza y presencia aborigen de México.
Las indígenas, 5.000 de las cuales realizaron el miércoles una marcha de protesta por las calles de Oaxaca, capital del estado homónimo, demandan entre otros puntos la construcción de un hospital para mujeres en una zona rural, dispensarios médicos en toda la región y la creación de un servicio de ambulancia aérea.
Además, reclaman la construcción de un puente en una comunidad campesina que permanece incomunicada desde hace 12 años, un programa de vivienda con materiales de la zona y políticas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos sociales y políticos.
Huerta explicó que la Coordinadora tiene 17 años de vida trabajando a favor de los derechos de las mujeres de Oaxaca, un estado dividido en 570 municipios, 418 de ellos regidos por los llamados usos y costumbres.
Las demandas y la marcha anunciada "son consecuencia de todos estos años de trabajo en los que hemos tomado conciencia", sostuvo.
Según indicó, son más de 10.000 las mujeres de 200 comunidades de Oaxaca las que participan en su organización, "y no tenemos ninguna relación con partidos políticos".
Delegados en Oaxaca de la gubernamental Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas se comprometieron el miércoles ante las mujeres organizadas a trazar un plan de atención a sus demandas en un plazo máximo de 10 días.
"Hacemos ahora un alto de 10 días, pero más ya no vamos a esperar por lo que, si incumplen, iremos a la capital mexicana en autobuses o como sea para exigir una entrevista con el presidente", advirtió Huerta.
Casi 60 por ciento de la población de Oaxaca de 3,5 millones de personas habita en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes. En la mayoría de esos lugares los municipios pueden elegir a sus autoridades según las asambleas tradicionales y sin que intervengan los partidos políticos.
En muchos de tales sitios, las mujeres son impedidas de participar como funcionarias y bajo la égida de los usos y costumbres muchas ni siquiera pueden estudiar e incluso llegan a ser vendidas por sus familias cuando todavía son adolescentes.
Investigaciones del estatal pero independiente Instituto Nacional de las Mujeres señalan que en zonas pobres de Oaxaca y de sus estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, la venta de mujeres con fines de matrimonio es una práctica persistente. A cambio de dinero o incluso de una caja de refrescos o cervezas, muchas jóvenes son arrancadas de su vida familiar.
"Nuestros derechos están por los suelos y las autoridades y muchos hombres de nuestras comunidades se resisten a reconocernos", declaró la líder de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca.
En marzo, la indígena Eufrosina Cruz no pudo ejercer el derecho a ser elegida alcaldesa del pequeño municipio oaxaqueño de Santa María Quiegolani, una comunidad de 800 habitantes de la etnia zapoteca.
Tras ser rechazada por los hombres que dominan la asamblea comunal, Cruz presentó denuncias y las autoridades ofrecieron investigar el caso.
En abril, las indígenas Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista, de 24, fueron acribilladas a balazos en parajes del municipio oaxaqueño de San Juan Copala. Estas jóvenes trabajan como reporteras de una radio comunitaria.
En Oaxaca y su vecino Chiapas los niveles de desarrollo son inferiores a los de los Territorios Palestinos Ocupados, según indican estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Oaxaca fue escenario en 2006 de un levantamiento popular contra el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, el colectivo que gobierna ese estado desde los años 20.
Las demandas de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca fueron presentadas directamente al gobierno de Calderón, pues según indican no tienen ninguna confianza en Ruiz, quien sigue en el cargo a pesar de tener numerosas denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos y hasta asesinatos.
La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, que congrega alrededor de 12 por ciento de los 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres, que es de 76.
Mientras el analfabetismo de los hombres de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media.
En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero ese porcentaje se eleva a 42 si sólo se considera a las niñas y jóvenes.
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 28 ago (IPS) - Si al finalizar la primera semana de septiembre el gobierno de México no atiende las demandas de mujeres indígenas del sureño estado de Oaxaca, 10.000 de ellas viajarán a la capital del país para presionar directamente al presidente Felipe Calderón. "Ya estamos hartas", señaló una de sus líderes.
"Estamos organizadas y cansadas del engaño y la exclusión", dijo a IPS Leticia Huerta, campesina que comanda la no gubernamental Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca, uno de los distritos de mayor pobreza y presencia aborigen de México.
Las indígenas, 5.000 de las cuales realizaron el miércoles una marcha de protesta por las calles de Oaxaca, capital del estado homónimo, demandan entre otros puntos la construcción de un hospital para mujeres en una zona rural, dispensarios médicos en toda la región y la creación de un servicio de ambulancia aérea.
Además, reclaman la construcción de un puente en una comunidad campesina que permanece incomunicada desde hace 12 años, un programa de vivienda con materiales de la zona y políticas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos sociales y políticos.
Huerta explicó que la Coordinadora tiene 17 años de vida trabajando a favor de los derechos de las mujeres de Oaxaca, un estado dividido en 570 municipios, 418 de ellos regidos por los llamados usos y costumbres.
Las demandas y la marcha anunciada "son consecuencia de todos estos años de trabajo en los que hemos tomado conciencia", sostuvo.
Según indicó, son más de 10.000 las mujeres de 200 comunidades de Oaxaca las que participan en su organización, "y no tenemos ninguna relación con partidos políticos".
Delegados en Oaxaca de la gubernamental Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas se comprometieron el miércoles ante las mujeres organizadas a trazar un plan de atención a sus demandas en un plazo máximo de 10 días.
"Hacemos ahora un alto de 10 días, pero más ya no vamos a esperar por lo que, si incumplen, iremos a la capital mexicana en autobuses o como sea para exigir una entrevista con el presidente", advirtió Huerta.
Casi 60 por ciento de la población de Oaxaca de 3,5 millones de personas habita en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes. En la mayoría de esos lugares los municipios pueden elegir a sus autoridades según las asambleas tradicionales y sin que intervengan los partidos políticos.
En muchos de tales sitios, las mujeres son impedidas de participar como funcionarias y bajo la égida de los usos y costumbres muchas ni siquiera pueden estudiar e incluso llegan a ser vendidas por sus familias cuando todavía son adolescentes.
Investigaciones del estatal pero independiente Instituto Nacional de las Mujeres señalan que en zonas pobres de Oaxaca y de sus estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, la venta de mujeres con fines de matrimonio es una práctica persistente. A cambio de dinero o incluso de una caja de refrescos o cervezas, muchas jóvenes son arrancadas de su vida familiar.
"Nuestros derechos están por los suelos y las autoridades y muchos hombres de nuestras comunidades se resisten a reconocernos", declaró la líder de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca.
En marzo, la indígena Eufrosina Cruz no pudo ejercer el derecho a ser elegida alcaldesa del pequeño municipio oaxaqueño de Santa María Quiegolani, una comunidad de 800 habitantes de la etnia zapoteca.
Tras ser rechazada por los hombres que dominan la asamblea comunal, Cruz presentó denuncias y las autoridades ofrecieron investigar el caso.
En abril, las indígenas Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista, de 24, fueron acribilladas a balazos en parajes del municipio oaxaqueño de San Juan Copala. Estas jóvenes trabajan como reporteras de una radio comunitaria.
En Oaxaca y su vecino Chiapas los niveles de desarrollo son inferiores a los de los Territorios Palestinos Ocupados, según indican estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Oaxaca fue escenario en 2006 de un levantamiento popular contra el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, el colectivo que gobierna ese estado desde los años 20.
Las demandas de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca fueron presentadas directamente al gobierno de Calderón, pues según indican no tienen ninguna confianza en Ruiz, quien sigue en el cargo a pesar de tener numerosas denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos y hasta asesinatos.
La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, que congrega alrededor de 12 por ciento de los 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres, que es de 76.
Mientras el analfabetismo de los hombres de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media.
En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero ese porcentaje se eleva a 42 si sólo se considera a las niñas y jóvenes.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
